La reciente sentencia sobre plusvalías que el Tribunal Constitucional acaba de echar abajo para aquellos casos en que la venta inmobiliaria realizada no haya generado beneficios, abre la puerta a la reclamación de las cantidades abonadas consideradas abusivas, según el texto de este pronunciamiento del referido tribunal. Las posibilidades para hacerlo y las fórmulas fueron explicadas en una jornada desarrollada en la CEO, organizada por por la Asociación que agrupa a las inmobiliarias de Ourense (Adeido), la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), presididas por Benito Iglesias, y la CEO bajo el título “¿Cómo reclamar las plusvalías municipales de personas físicas y jurídicas tras lal sentencia del Tribunal Constitucional?”.
Como ponentes actuaron Miguel Ángel Rodríguez González, abogado, máster en urbanismo y ordenación del territorio y medio ambiente, con amplia experiencia en la materia y experto en derecho administrativo; con él, María Álvarez Rodríguez, también licenciada en Derecho y máster en urbanismo y medio ambiente, máster de la Abogacía, además de doctoranda en Derecho y socia fundadora del despacho Estrado Abogados, asesora jurídica de Fegein. Ambos explicaron la génesis del impuesto, que Rodríguez González atribuyó a “la voracidad” recaudadora de las administraciones locales. Asimismo, se refirieron al nuevo escenario que abre el pronunciamiento del Constitucional y las fórmulas para poder reclamar con éxito las cantidades pagadas a pesar de que la operación no haya generado beneficios. La mayor parte de la casuística generada en este sentido se generó a partir del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en la que gran número de ventas se cerraron por un valor inferior al de la fecha de adquisición, correspondiente a una etapa con los precios de valores de mercado mucho más altaos.
La presentación del acto corrió a cargo de José Manuel Díaz Barreiros, vicepresidente de la CEO, quien criticó con dureza la presión fiscal existente en España, “que condiciona y compromete la viabilidad” de muchas empresas, sobre todo cuando se ejecuta el traspaso intergeneracional de padres a hijos. Recordó que esa presión está ahora mismo en el 34%, que consideró “no proporcional ni equitativo”, comparado con otros países europeos “en los que las empresas obtienen mayores beneficios que en España”.
Díaz Barreiros se refirió también a las medidas fiscales implantadas por el Gobierno recientemente que modifican “aspectos muy importantes” en relación con el Impuesto sobre Sociedades, que afecta a “la mayoría de las pyme de nuestro país con la finalidad de reaudar más y en aras de acometer la reducción del déficit público impuesta por Europa para 2017”. Coincidió con la postura de la CEOE en que “no es la mejor mejor opción” para recaudar, pues hay otras como la reducción de gastos generales, adelgazamiento de la Administración, así como la promoción y estimulación de empresas, que generarían empleo, riqueza, cotizantes y consumo, con lo que se alcanzaría el mismo objetivo.
