- La sesión organizada por CEO y Abanca enfocó el compliance penal, laboral y en auditorías energéticas
- Los planes de compliance son hoy en día cada vez más necesarios y constituyen una inversión a futuro
Ourense, 10 de febrero, 2022. La jornada de Nexos Encuentros por Ourense de hoy volvió a tratar el tema del compliance, o la revisión del cumplimiento legislativo que toda empresa debe tener sobre la normativa que le es aplicable. Los planes o protocolos de compliance velan para que se cumplan todas las obligaciones legales que le competen a una empresa u organización, o que son fundamentales para desarrollar su actividad, tratando así de evitar riesgos que pueden derivar en sanciones o pérdida de reputación y la consecuente inestabilidad o quiebra de la empresa. Este término se ha extendido últimamente y ha cobrado especial importancia a raíz de las reformas llevadas a cabo en el Código Penal y las exigencias de la Unión Europea en materia normativa.
Sobre la prevención de estos riesgos en varios ámbitos habló esta mañana Carmen Torrón, de Keep Comp, que fue presentada por los responsables de las entidades que ponen en marcha estas sesiones informativas sobre temas de actualidad empresarial. Marisol Novoa, presidenta de la CEO hizo alusión a la necesidad de conocer al detalle todas las implicaciones de la normativa legal que afecta a las empresas, mientras que José Manuel Nogueira, director territorial de Abanca destacó la actualidad que siempre rodea la temática de las jornadas de Nexos.
Cómo llevar a cabo el cumplimiento legal en la empresa y prevenir por tanto riesgos y sanciones de impacto fue el tema central de este webinar, que trató el compliance penal, el laboral y las auditorías energéticas.
En cuanto al compliance penal, la ponente hizo referencia a la situación actual de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en el sector público como en el privado, y señaló tres normativas españolas recientes que tienen implicación. Por un lado, la UNE-ISO 37001:2021 Primer estándar de compliance global certificable, de mayo 2021, que establece cómo deben hacerse los programas de cumplimiento y qué deben contener. Estos planes son una oportunidad para que una organización sea exitosa y sostenible, es más, el compliance es parte de esa sostenibilidad porque genera empresas eficientes y programas que impiden que se produzcan fraudes o protegen a la empresa en caso de que se produzcan.
La segunda norma que destacó es la UNE-ISO 37002:2021 Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades, de octubre de 2021 que establece cómo debe ser el canal ético o de denuncias que es obligatorio que una empresa tenga. Es un canal que sirve para que todas las personas que tengan relación jurídica con la empresa (proveedores, trabajadores, clientes…) puedan poner en conocimiento la sospecha de que algo que está pasando no es correcto. La empresa tiene la obligación de poner a disposición ese canal e investigar esas denuncias. Se recomienda la externalización del mismo por la objetividad e imparcialidad.
Y, por último, aludió a la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre que en su artículo 6 establece que los planes antifraude son obligatorios para las comunidades y municipios en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los fondos europeos, y da un plazo de 90 días a las administraciones para que adopten este plan si quieren optar a estos fondos Next Generation.
En el apartado del compliance laboral, Carmen Torrón trató la reciente legislación en Igualdad y los protocolos de acoso, y su vinculación con la responsabilidad penal, derivada de omitir la normativa y el cumplimiento laboral. La obligatoriedad de los planes de igualdad que establecen contenido y protocolos anti acoso y de la empresa de tener un procedimiento de actuación en caso de que exista acoso, de cualquier vertiente y naturaleza. También abordó la necesidad de optimización del marco laboral de la empresa ante los nuevos retos y la nueva normativa.
Por último, abordó el tema de las auditorías energéticas y la mejora de la eficiencia y ahorro de energía. Estas auditorías son obligatorias desde 2016 para empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones o cuyo balance sea de más de 43 millones, y se realizan cada 4 años. Las sanciones pueden ir desde los 60.000 a los 600.000 euros. Según la ponente, en un mundo que se está replanteando en la actualidad la energía y la sostenibilidad, este tema va más allá de la obligatoriedad pues encierra múltiples beneficios: un ahorro de costes en energía del 15% y optimización en el funcionamiento de los equipos eléctricos.
